"La cárcel no es la solución para la adicción de nuestros hijos"

han dejado constancia de su pesar en las Juntas Generales Han tocado las puertas de un sinfín de instituciones, pero lamentan que, “más allá de bonitas palabras”, no encuentran los recursos necesarios para el “abordaje integral” de la adicción y la enfermedad mental que afecta a sus hijos e, irremediablemente, a todos sus familiares. “Son problemas complejos que requieren de una solución a largo plazo. Por eso buscamos una mayor coordinación entre las distintas administraciones”, reclama Regina Hériz, presidenta de la asociación Katearen Loturak

Esta agrupación de familias de jóvenes con diagnóstico de patología dual, es decir, de una adicción y un trastorno mental al mismo tiempo, nació en Debagoiena en 2019. Desde entonces reclaman ayuda para responder a una situación que se les va de las manos, con el enorme desgaste físico y emocional que conlleva lidiar a diario con las adicciones y la incomprensión social.

“Mi marido se quitó la vida tras un largo calvario con el consumo de heroína. El boom de esta droga en los 80 debería haber servido para sentar otra base en la atención a las drogodependencias”, sostiene una mujer que prefiere no dar su nombre “por no sentirme señalada”.

Relata que se vio obligada a hacer de todo, “de enfermera y de consejera ante varios intentos de suicidio”. Se ha sentido sola durante mucho tiempo. Cuando pedía ayuda, rememora, le respondían que nada se podía hacer si su marido no mostraba voluntad de cambio. Y no pudo tener peor desenlace. “Ahora estoy viviendo algo similar con mi hijo de 37 años. Consume anfetaminas. Como es mayor de edad, no puedes hacer nada por muy mal que esté. Así ocurrió tras una larga semana sin dormir, puesto hasta arriba de anfetaminas. Di la voz de alerta porque al día siguiente quería ir a su puesto, teniendo un trabajo vertical. Vino la ambulancia y la policía pero no pudieron hacer nada, y además todo te viene de vuelta. Toda esa rabia contenida por haber dado cuenta de lo ocurrido”, se desahoga la mujer. “¿Qué debes hacer?”.

Reconocen su impotencia y desesperación ante un problema que “se va cronificando” y que lamentablemente puede derivar en un “grave daño social”, en forma de violencia callejera, robos y exclusión, con hijos que acaban cumpliendo condena. “La cárcel se convierte entonces en el aparcamiento para estos chicos que se salen del sistema, que no encuentran una respuesta a sus problemas. Pero la prisión no es la solución cuando estamos hablando de una enfermedad mental y una adicción”, reflexiona la presidenta de la asociación, que acude a la entrevista junto a otras madres “desesperadas”.

dolor

Todas quieren poner palabras a su dolor. “Si existe un trastorno adictivo, del que además está al tanto la justicia y los servicios municipales, se deberían adoptar medidas que obliguen a estos chicos a ingresar en un centro de rehabilitación antes de que sea demasiado tarde”, defienden estas madres.

Entienden que hoy por hoy la respuesta de la administración es “un parcheo” que no aborda en toda su dimensión la complejidad de la patología dual. “A través de los servicios sociales, nuestros hijos son derivados a salud mental y a centros de tratamiento para sus adicciones, pero habitualmente el propio sistema de funcionamiento de estos programas se revela poco eficaz cuando se apela exclusivamente a su voluntad a la hora de recibir el tratamiento”, señala otra familiar.

Su hijo, según ha observado ella, muchas veces no es consciente del problema. “Cualquier acto de rebeldía es motivo de expulsión cuando se someten a un programa de desintoxicación. Entendemos que se debería tener en cuenta que esos impulsos, esas reacciones, son fruto de la propia patología”, señala esta mujer, contrariada por un sistema de funcionamiento que “hace aumentar aún más la sensación de fracaso” de los jóvenes. “Con todo lo que cuesta que entren en un centro, se adoptan medidas demasiado drásticas”, juzga otra familiar. Esa cuerda tensa en la que se convierte un joven sin diagnóstico, o sin un centro de referencia, acaba por romperse con frecuencia. Llega entonces la comisión del delito, la cárcel.

A este respecto, estas madres guipuzcoanas se hacen eco de las palabras de Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos: “Tenemos que reconocer la adicción -defiende la psiquiatra- como un problema médico que se trate en centros médicos y no en centros penales”. Partiendo de esa premisa, ¿qué hace que esta espiral vertiginosa no acabe nunca, pudiendo derivar en un grave daño social?, se preguntan estas familias de Debagoiena.

Diversos estudios realizados en el Estado constatan además la alta prevalencia de trastornos mentales en la población que ingresa en prisión, que oscila entre el 41%-50%. Ocho de cada diez reclusos han estado en contacto con sustancias a lo largo de su vida. En concreto, el diagnóstico de patología dual afecta al 15% de la población reclusa, “y el problema es que una vez que llegan a la cárcel, su diagnóstico se agrava”, señala la madre de un hijo de Arrasate que cumple condena.

Las integrantes de la asociación remarcan que en Euskadi solo existe un servicio sanitario de atención integral a personas con problemas mentales asociados a consumos de drogas. La unidad residencial Abegia se ubica en Gasteiz, pero solo dispone de catorce plazas para una demanda incesante. “Hace falta abordar este problema a edades tempranas. Vemos que se hacen planes de prevención, que se invierte mucho dinero en ello, pero los consumos de los chavales continúan”, observan desde la asociación.

El centro de atención a adolescentes y a sus familias Gaztedi, en Irun, se ha puesto en contacto con Katearen Loturak debido a la creciente demanda de familias de Debagoiena que se desplazan hasta la localidad bidasotarra solicitando ayuda. “Nos han pedido el local para prestar una atención más cercana porque acuden chavales de Arrasate y alrededores. Las familias que están conviviendo con el problema, sin embargo, han respondido que prefieren desplazarse hasta Irun para que nada trascienda. Sigue pesando un estigma enorme”, aseguran estas madres.

Las familias dicen sentirse cansadas de tocar un sinfín de puertas sin obtener un resultado. “Te derivan a salud mental, o bien los servicios sociales te dicen que compete a la Diputación. Pero cuando insistes a nivel municipal y foral, resulta que implica a Osakidetza. Hemos enviado un montón de escritos a las instituciones. Es desesperante”.